Niveles de participación en el acceso al agua
De acuerdo con las normas de derechos humanos, la participación debe ser activa, gratuita y útil, y debe proporcionar a los ciudadanos oportunidades reales para tomar decisiones relativas a su acceso al agua y al saneamiento, o para influir en dichas decisiones. La participación en la toma de decisiones puede interpretarse de forma distinta en función del tipo de participación y del nivel en el que se adopten las decisiones. La mayoría de los profesionales que trabajan en el ámbito del desarrollo están familiarizados con la participación en las decisiones relativas al emplazamiento y la gestión de una letrina pública, una fuente de agua o un pozo protegido en el seno de una comunidad determinada.
El valor de la participación comunitaria también se comprende bien en esas situaciones, en las que la comunidad, dependiendo de su tamaño, es la que mejor entiende las condiciones y el entorno locales. Sin embargo, incluso en esos casos es importante garantizar que quienes suelen disponer de menos oportunidades para hacer oír sus opiniones y sus necesidades, como las mujeres, los niños, las personas mayores, discapacitadas, enfermas o aquellas pertenecientes a los estratos sociales inferiores, también puedan tener la oportunidad de expresar sus necesidades y sus deseos y de que estos sean tenidos en cuenta en el proceso de adopción de decisiones.
La participación de las mujeres reviste una importancia especial, teniendo en cuenta el papel central de la mujer en el uso (y, a menudo, en el mantenimiento y la gestión) de los recursos hídricos y las necesidades en materia de saneamiento para uso personal y doméstico. Incluso este nivel de adopción de decisiones puede resultar complejo si se quiere garantizar una participación plena y útil de toda la población, en especial allí donde existen tabúes culturales para la participación de las mujeres o de determinados grupos o personas. Por consiguiente, el primer paso debe consistir en convencer a los líderes comunitarios de que debe permitirse hablar a las personas que tradicionalmente no tenían voz, y que sus opiniones se vean reflejadas en las decisiones y en las inversiones.
En el otro extremo de la escala se encuentran las decisiones relativas a la política o el presupuesto nacionales, que también requieren una participación activa, libre y útil de todos los interesados.
En este caso es necesario diseñar procesos que permitan la representación de todos los interesados; no es necesario que toda persona tenga la oportunidad de expresar sus opiniones o sus necesidades directamente, sino a través de procesos democráticos que permitan recabar información desde las estructuras administrativas de menor tamaño para alimentar los procesos de planificación y toma de decisiones a escala nacional, ya sea en las esferas de la elaboración o reforma de las leyes o en la formulación de políticas.
A modo de ejemplo de un lugar en el que se ha logrado este objetivo con notable éxito es el Consejo de las Ciudades de Brasil, que cuenta con un sistema de representación desde las comunidades locales hasta el nivel estatal o nacional. La comunicación se produce en ambos sentidos, a través de canales bien definidos, con debates específicos sobre proyectos de ley y de políticas en todos los niveles de gobierno y con la participación de los representantes de la comunidad en los procesos finales de toma de decisiones en el Parlamento. Aunque quizá no quepa esperar que el diseño o la reforma de la legislación y de la política vaya a caracterizarse siempre por un grado tan elevado de participación como en el Consejo de las Ciudades de Brasil, debería consultarse a un amplio sector de la sociedad (que incluya a las personas marginadas y vulnerables) para garantizar que dichas reformas y procesos no sean discriminatorios y conduzcan a una mejora de los servicios para quienes no tienen acceso a ellos.
La planificación de programas y presupuestos dirigidos a determinados grupos o personas concretos, como los asentamientos informales ubicados en zonas urbanas densamente pobladas, deben incluir la participación de los colectivos beneficiarios previstos. Sin esa participación fundamental, es fácil que los responsables de la planificación no comprendan bien las barreras de acceso existentes y no sean capaces de determinar con exactitud el modo de superar dichas barreras.
La participación en la supervisión es crucial para obligar a los Estados y a otros actores a rendir cuentas sobre la prestación de servicios de abastecimiento de agua y de saneamiento a través del control presupuestario, inclusive en el proceso de elaboración del presupuesto. Dicha participación también debe desempeñar un papel esencial en el cuestionamiento de las estructuras de poder existentes, que están sesgadas en favor de quienes ya gozan de un buen acceso a los servicios de abastecimiento de agua y de saneamiento, o de quienes se benefician de forma ilícita de la prestación de dichos servicios.
Fuente: Derechos hacia el final: Buenas prácticas en la realización de los derechos al agua y al saneamiento. Catarina de Albuquerque, Lisboa, Abril 2012, Pág. 182.