Conflictos Sociales

Conflicto Socio Ambiental:

El Frente Amplio de Defensa y Desarrollo de los Intereses del distrito de Morococha no se encuentra conforme con el proceso de reasentamiento que se viene llevando a cabo al distrito de Carhuacoto, al no haberse suscrito un Convenio Marco con la empresa Chinalco Perú S.A y por no estar de acuerdo con el lugar escogido para el reasentamiento. El 28 de mayo de 2015, en la reunión de la mesa de diálogo se acordó que debe culminarse con la acreditación de los representantes de la sociedad civil, para luego continuar con el desarrollo de la agenda pendiente.
Pobladores de la provincia de Huancayo demandan la atención de la problemática del tratamiento y disposición final de residuos sólidos a cargo de la Municipalidad Provincial de Huancayo. El conflicto se enmarca en los distritos de Chilca y el Tambo. Con intención de informar a la población, la Municipalidad Provincial de Huancayo tenía previsto realizar un taller informativo el 29 de mayo de 2015 en la Comunidad de Tiranapampa que finalmente fue suspendido por la organización.
La comunidad campesina Pachachaca se opone a la construcción de una planta de producción de cal por parte de la empresa Cal del Centro S.A.C por temor a la contaminación en la zona. El conflicto se ubica en el distrito y provincia de Yauli.
Autoridades y pobladores de las comunidades campesinas San Pedro de Pari, Huayre, Cochamarca, Matacancha, San Juan de Ondores, Santa Clara de Chuiroc, Villa Junín, Carhuamayo de la provincia de Junín, y las comunidades campesinas de Vicco y Ninacaca de la provincia de Pasco demandan la descontaminación del lago Chinchaycocha (lago Junín) y compensaciones por la afectación al territorio comunal e impactos ambientales generados por las actividades mineras y hidroenergéticas desarrolladas en la zona. Las últimas reuniones del Comité Chinchaycocha se realizaron el 28 de abril y el 26 de mayo en Lima. En la reunión del 28 de abril, el OEFA informó que realizará entre este año y el 2016 una evaluación ambiental integral de la cuenca del río Mantaro, y que ha solicitado al MINEM la inclusión de disposiciones sobre los impactos de las actividades de embalse y desembalse en el reglamento de protección ambiental de las actividades eléctricas. En el caso de la reunión del 26 de mayo, se llegaron a acuerdos en relación a la acción 7, 17 y 22 del Plan de Manejo Ambiental Sostenible de Chinchaycocha. El Comité Técnico para la Remediación de los Pasivos Ambientales Mineros del Río San Juan y Delta Upamayo ha presentado el estudio de ingeniería de detalle para la ejecución de las obras del plan de cierre respectivo.

Conflicto por demanda de agua:

Uno de los conflictos más importantes y que en esencia está ligado al tema del Agua que nos convoca en el presente estudio, es el que se presenta desde hace algún tiempo en la subcuenca del rio Achamayo y que se suscita entre los regantes, en especial del canal Quichuay-Santa Rosa-Huanchar y Huayhuasca, y las Piscifactoría Los Andes. La empresa está empleando una mayor dotación de agua que la asignada por la autoridad de aguas porque la exportación de trucha está en aumento y por eso ha construido más pozas que las autorizadas. El Ministerio de Agricultura ha mediado en el conflicto pero con éxito relativo pues en época de estiaje la empresa y los regantes se enfrascan en una sigilosa pero constante batalla por derivar más agua del río a sus canales. Los regantes reclaman ante esta apropiación del recurso y se enfrentan constantemente a los empleados de la piscigranja. Aquí, la rusticidad de las compuertas y la falta de medidores volumétricos contribuyen a exacerbar el conflicto que se agrava en la época de escasez. En teoría, la piscigranja no debería tener este tipo de conflictos pues tiene su licencia de uso de agua al día, pero los regantes apelan a sus “derechos ancestrales” y a la fortaleza de su organización local para disputarle el recurso y evitar que prime el derecho reconocido por el Estado.
Un segundo conflicto en curso se produce a raíz de la introducción y fomento del cultivo de la alcachofa. Se trata de un cultivo comercial alternativo al de la papa debido a los bajísimos precios que esta tiene, y hasta existen proyectos para industrializarlo. El problema es que la alcachofa demanda más agua que otros cultivos y eso incrementa las fricciones entre los regantes de un mismo canal, entre los regantes de diferentes canales y entre los agricultores y la piscigranja Los Andes. Otros productos de riego intensivo como la alfalfa y el maíz también generan competencia por el agua. Si bien las empresas agro exportadoras todavía no participan directamente en el conflicto por el agua porque no se dedican al cultivo sino al acopio de la producción de pequeños propietarios o arrendatarios, sí presionan sobre el recurso pues los alcachoferos aumentan la frecuencia de sus turnos y los volúmenes que emplean. Como señala un ingeniero que trabaja en una de estas empresas, “la alcachofa es una bomba de agua”. En general, la presión que genera la agro exportación sobre el agua no ha sido debidamente evaluada, y en este caso es evidente que la expansión del cultivo producirá tensiones en la organización local, afectará la distribución de los turnos y la proporción de los volúmenes asignados a las tierras convertidas al nuevo cultivo.
Un tercer conflicto podemos afirmar que el aumento de la población urbana de la provincia de Concepción y la creciente demanda de agua por una ciudad como Huancayo origina conflictos. Es indudable que la presión sobre los recursos hídricos de la cuenca es cada vez más intensa. Uno de los proyectos para aliviar la escasez de agua en Huancayo, por ejemplo, contempla tomar el agua de las lagunas de las partes altas de la cuenca y derivarla a la ciudad. Además, se han presentado conflictos entre las propias localidades de la cuenca pues algunas han tratado de obtener licencias de uso del recurso para sus sistemas de agua potable, pero han enfrentado la férrea oposición de los usuarios tradicionales de esas fuentes como Santa Rosa de Ocopa-San Antonio; Quichuay-Matahuasi; Ingenio-San Jerónimo. Por lo general, en estos conflictos las partes proceden a negociar compensaciones directas en lugar de atenerse a las directivas de la ALA. Aunque la ley prescriba que todas las aguas son de propiedad del Estado, es interesante anotar que los usuarios asumen que las fuentes de agua ubicadas dentro de sus tierras les pertenecen y cualquier uso de estas debe ser autorizado por ellos. La burocracia local expresa su frustración ante esta concepción, pero está tan difundida que ha decidido participar en las negociaciones que llevan a cabo los pueblos y distritos.
Un cuarto conflicto que también es importante señalar, es el desacuerdo entre el Estado y los regantes por la definición de la unidad de medida aplicable al uso del agua. Mientras la Autoridad Nacional del Agua a través de su Autoridad Local y la Junta de Usuarios del Distrito de Riego pretenden instaurar el control volumétrico que manda la ley y la visión moderna de la economía, los regantes se oponen consistentemente a esta medida. En algunos casos se han destruido algunos medidores y aforadores pues afirman que lo más “justo” es que se mida por tiempo de riego y no por volumen (por ejemplo, 3 horas para regar 1 hectárea). Sustentan su argumento en que el agua es un recurso natural y que la infraestructura de riego fue hecha por “nuestros abuelos” y “ni la Junta de Usuarios ni el Ministerio de Agricultura nunca han puesto un solo sol para construirla”.
Es importante acotar que los agricultores, en especial los del canal de Quichuay-Santa Rosa de Ocopa- Huanchar y Huayhuasca, son los primeros en exigir que sí se aplique el control volumétrico a la Piscifactoría Los Andes para impedir que use más agua que la asignada, pero se oponen rotundamente a que Autoridad Local de Agua les aplique ese control.
El conflicto que existe por la construcción de la represa Yanacocha, sobre el proyecto “Mejoramiento y Regulación del sistema de riego de la cuenca media baja del rio Cunas”, que cuenta con – Código SNIP 51032, encontrándose ubicado en el distrito de San José de Quero y el paraje Huallancayo, ya que las comunidades que se encuentra aguas arriba del proyecto, las comunidades de Yanacancha, San juan de Jarpa y San José de Quero, no se encuentran de acuerdo ya que proponen una gestión integral, que también los beneficie a ellos, ya que por la construcción afectaran las vías, terrenos y otros. Quienes se encuentran realizando protestas ante el Gobierno regional Junín y que en conversaciones entre la población afectada con el gerente general del Gobierno Regional, quien manifiesta como un pedido a la población No podemos perder más de 300 millones de inversión. Seamos respetuosos y escuchemos el clamor de las dos partes, evitemos los enfrentamientos, derramamiento de sangre y un posible conflicto social”. Asimismo ellos realizan coordinaciones con el congresista, Mario José Cansío Álvarez, a quien informan el conflicto sucedido y que en estos momentos se encuentran en la elaboración del expediente técnico, a quien le solicitan su intervención para realizar un acuerdo con las comunidades de la parte alta de la cuenca y si es posible la intervención del Ministro de Agricultura para el planteamiento de soluciones ante el conflicto ya que una parte de la población se niega aceptar la construcción de la represa, por otra parte los dirigentes aceptaron la propuesta de elevar el tema a Consejo Regional y en esa instancia se declare de necesidad e interés público la culminación del proyecto que beneficiara a hombres del campo de tres provincias Huancayo, Chupaca y Concepción, para la cual solicita al Pleno del Consejo Regional la declaratoria de Interés Regional del Proyecto Mejoramiento y Regulación del sistema de riego de la cuenca media baja del rio Cunas, a la cual esta solicitud cuenta con el Informe Legal, suscrito por el Director Regional de Asesoría Jurídica en la que emite una opinión viable a la declaratoria de interés del presente proyecto.

Ante ese conflicto ocasionado la Contraloría General de la República cuenta con un INFORME ALERTA DE CONTROL N° 06-2016-CG-GCOREC/4728-ALC, el cual se emite en atención a las denuncias presentadas ante el equipo descentralizado del Servicio de Atención Denuncias de la oficina de coordinación Regional Centro, cuya evaluación se realiza en el marco de lo previsto del artículo 4° de la directiva N° 011-2015-CG/GPROD aprobada mediante Resolución de Contraloría N°268 -2015-CG de 04 de setiembre del 2015. El informe de alerta de control se emite con el objetivo de comunicar la existencia de indicios de irregularidades que pudieran afectar la correcta captación, uso y destino de los recursos y bienes del Estado; o que pudieran señalar incumplimiento de las normas legales o incumplimiento de los lineamientos de política y planes de acción, con el propósito que el titular de la Entidad adopte las medidas o acciones correctivas que correspondan, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6° de la Ley N° 26716 y el artículo 7 de la Ley N° 27785.

La emisión del informe de alerta de control comprende la evaluación de los siguientes hechos relativos a la elaboración del estudio de Perfil, Estudio de Factibilidad y Estudios de Impacto Ambiental del proyecto Mejoramiento y Regulación del sistema de riego de la cuenca media baja del rio Cunas – Código SNIP 51032, que han sido materia de evaluación con motivo de denuncias formuladas entre el 14 de mayo del 2007 y el 19 de julio del 2016, las cuales se definen a continuación:

Los estudios de calidad de agua no se habrían elaborado en las diversas etapas de formulación del proyecto, ni se habría gestionado el pronunciamiento de las autoridades competentes de Energía y Minas y Ministerio de Transportes y Comunicaciones; consecuentemente el diagnóstico es incompleto.
Los estudios de Factibilidad se ejecutaron con 5 años de retraso, incrementándose los costos del proyecto en 49.28% no concretándose los objetivos del proyecto en su oportunidad
Los informes y estudios realizados dan cuenta de riesgos ambientales y geotécnicos que deberán ser abordados con la convocatoria y opinión del ente Rector competente.
Durante la ejecución del Estudio de Factibilidad y EIA del Proyecto “Mejoramiento y Regulación del sistema de riego de la cuenca media baja del rio Cunas”, se evidencio la existencia de un conflicto social ambiental que se mantiene latente y debe ser considerado por la Nueva Entidad Formuladora del Proyecto y vigilado por las entidades competentes.
Contratación para la elaboración del expediente técnicos sin contemplar estudios de calidad de agua, licencia social y pronunciamiento de los Entes Rectores competentes en el proyecto genera riesgos para la ejecución del contrato y del proyecto.
Las entidades involucradas en los Estudios de Perfil, Factibilidad y de Impacto Ambiental remitieron información incompleta o no remitieron información solicitada, lo que genero limitaciones y demoras en el proceso de evaluación de las denuncias formuladas.